El titular de Asuntos Jurídicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), el licenciado Alfonso Carlos Ontiveros Salas, informó que la institución mantiene una postura firme y fundamentada respecto al proceso de reingeniería financiera, asegurando que los amparos interpuestos por un grupo de jubilados carecen de sustento legal al tratarse de un conflicto de naturaleza eminentemente laboral y no administrativa.
Ontiveros Salas destacó que ya existe un precedente favorable: la sentencia del Juez Quinto de Distrito (amparo 150/2026). En dicho fallo, el juzgador determinó que la reforma no constituye un “acto de autoridad”, ya que su origen es el Contrato Colectivo de Trabajo, un acuerdo entre particulares (Universidad y Sindicato). Bajo este criterio, el juicio de amparo resultaría improcedente.
La Dirección Jurídica subrayó que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral ya intervino y validó la legitimidad de la reforma. Al no haber sido impugnada en tiempo y forma ante dicha autoridad competente, la resolución ha adquirido el carácter de cosa juzgada, lo que otorga certeza jurídica a la universidad.
Sobre las 168 suspensiones definitivas otorgadas actualmente, Ontiveros Salas aclaró dos puntos críticos:
· No son sentencias finales: Son medidas temporales que no definen quién tiene la razón.
· Consecuencias financieras: En caso de que la UAS gane el juicio (como se prevé), la suspensión perderá vigencia y se procederá a descontar de forma retroactiva todas las aportaciones al fondo de pensiones que no se realizaron durante el litigio.
El objetivo fundamental de la reforma es el saneamiento presupuestal. La institución advirtió que, de no aplicarse estas medidas, se pondría en riesgo la liquidez para cubrir la nómina de jubilados en el futuro.
Estamos ante la necesidad de proteger valores superiores: la subsistencia de la institución que educa a miles de jóvenes sinaloenses. Sin liquidez, no hay posibilidad material de cumplir con las obligaciones patronales”, sentenció el titular jurídico.
La Universidad Autónoma de Sinaloa reitera su respeto a los procesos judiciales, pero manifiesta su confianza en que los tribunales federales, e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ratificarán la legalidad de este proceso necesario para la estabilidad de la Casa Rosalina.
